Borja Thyssen podría ir tres años a la cárcel

El hijo de la baronesa Thyssen podría haber simulado vivir en Andorra para evitar el pago de 630.000 euros en impuestos. La abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria pide tres años de prisión.

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Borja Thyssen tiene problemas muy serios encima y podría terminar en prisión por fraude fiscal. La Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria, pide tres años de prisión para el hijo de Tita Cervera por supuestamente fingir tener su residencia establecida en Andorra -cuando en realidad es en España- y eludir así el pago de unos 630.000 euros de impuestos de la renta y de patrimonio en el ejercicio 2007.

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Según fuentes conocedoras de este caso, según El confidencial, Hacienda acusa a Thyssen de no tributar en España por los ingresos en aquel año, 2007, que incluyen los 300.000 dólares de adelanto del pacto de Basilea, el acuerdo que establecía el reparto de la herencia del barón Thyssen.

Hacienda denunció al hijo de la baronesa Thyssen en junio de 2013 y desde entonces el organismo español de recaudación y el joven están litigando a cuenta de dónde realmente tiene Borja establecida su residencia, si en el Principado o realmente en España. Para ser residente fiscal en el extranjero hay que pasar más de 183 días fuera de nuestro país, y según la hacienda española, Borja no habría cumplido con este requisito en el año en el que se le investiga.

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En febrero de 2015, la juez de Pozuelo que lleva el caso terminó la instrucción y pidió a las partes que acusaran. Consideraba que ya había indicios suficientes para juzgar a Thyssen por fraude fiscal. Sin embargo, la fiscalía de delitos económicos de Madrid recurrió a la Audiencia Provincial al considerar que aún faltaban pruebas por practicar. Mientras la Audiencia de Madrid decidía sobre el recurso de la fiscalía, la Abogacía del Estado presentó su escrito de acusación en el que solicitan los tres años de prisión para el marido de Blanca Cuesta.

La 'elevada' pena de prisión que se solicita para Borja viene dada porque a partir de 120.000 de cuota defraudada es un delito fiscal y en su caso se le imputa una cantidad muy superior, 630.000 euros. En estos casos, la abogacía suele pedir más pena que la fiscalía. Lo cierto es que en ocasiones se pueden aplicar atenuantes como las dilaciones en el proceso que, de ser aceptadas, lo normal es que la condena quede en menos de dos años y sin antecedentes penales -como es su caso- no se ingrese en prisión.