El rey Juan Carlos ha pagado más de 4,3 millones de euros a Hacienda. El padre de Felipe VI, que continúa en Abu Dabi donde hemos podido ver la casa en la que reside, ha presentado una segunda regularización fiscal por rentas hasta ahora no declaradas por las que ha afrontado el pago de dicha cantidad al fisco entre multas y recargos. Fue el pasado 9 de diciembre cuando presentó la primera regularización por la que abonó 678.393 euros por una deuda tributaria de 2016 a 2018.
La segunda regularización ante la Agencia Tributaria, que avanzó el pasado 25 de febrero 'El País', está relacionada con los pagos en especie que recibió de la fundación Zagatka de su primo lejano Álvaro de Orleans: los vuelos privados costeados por dicha entidad, de los que se benefició hasta el año 2018. El disfrute de estos vuelos es un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda. La defensa del padre de Felipe VI ha presentado una declaración voluntaria por los ocho millones de euros que don Juan Carlos recibió en vuelos.
Javier Sánchez-Junco Mans, abogado de don Juan Carlos, ha emitido un comunicado, a petición del padre de Felipe VI, para explicar el importe que ha pagado, 4.395.901,96€ incluyendo intereses de demora y recargos, y el motivo de estas autoliquidaciones complementarias.
El padre del Rey, en el punto de mira por su patrimonio al hilo de las investigaciones abiertas en España y Suiza, está siendo asesorado por un jurista experto y venía estudiando la posibilidad de constituir un sistema para poder seguir recibiendo donaciones de terceros, una vez hubiese puesto al día las rentas no declaradas de los últimos ejercicios.
Se trata de la segunda operación de este tipo que acomete el anterior Jefe del Estado, que continúa en Abu Dabi, que ya el pasado mes de diciembre pagó a Hacienda 678.393 euros fruto de la regularización de las transferencias recibidas del empresario mexicano Allen Sangines-Krause a través de un intermediario en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, tal y como había descubierto la Fiscalía Anticorrupción.
Con aquel movimiento, Don Juan Carlos trataba de atajar una posible imputación por delito fiscal, al reconocer el fraude y pagar la multa antes de que formalmente se le abriese una inspección desde Hacienda o una causa penal. No obstante, será la Fiscalía del Tribunal Supremo, que asumió las diligencias que venía practicando Anticorrupción, la que decida si el mero hecho de haber notificado al abogado de Don Juan Carlos que había una investigación abierta impide que la regularización le libre de consecuencias penales.
