La guerra entre el rey Juan Carlos y la Justicia está servida. Tras casi dos años de investigación, este miércoles 2 de marzo la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. El Ministerio Público considera que no hay indicios de criminalidad sólidos contra el monarca emérito como para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
En los dos decretos, la Fiscalía enumera todos los hechos por los que se ha investigado al Rey emérito: las posibles comisiones del AVE a La Meca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause y la fortuna oculta en la isla de Jersey. Pero el Ministerio Público concluye que no cabe perseguir penalmente a el padre de Felipe VI por su condición de inviolable mientras fue jefe del Estado, por la prescripción de los hechos delictivos, por las regularizaciones fiscales y por falta de indicios de delito en otros casos.
El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, enviaba un comunicado oficial contra la Fiscalía, ya que no estaría respetando el derecho a la presunción de inocencia. Además, considera que tales acusaciones por parte de la Fiscalía "son carentes de la más mínima justificación". "Con relación a las informaciones que se publican hoy en un medio de comunicación relativas a S.M. el Rey D. Juan Carlos, nos vemos en la necesidad de hacer las siguientes puntualizaciones:
1. Dichas informaciones se refieren, al parecer, a una Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal, remitida a las autoridades Suizas hace casi 7 meses, en febrero de este año 2021, por el Fiscal Instructor de las Diligencias de Investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
2. Dicha Solicitud de Asistencia Judicial no es pública. Así pues, salvo las Autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna.
3. En esa comunicación a las Autoridades Suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice.
4. Por ello, tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año.
Javier Sánchez-Junco Mans"
