Joaquín Sabina y Alejandro Sanz, denunciados por la SGAE por infracción fiscal

Según fuentes próximas a la investigación, el fraude, que afecta a otros músicos como Pau Donés, podría alcanzar los 70 millones.

Joaquín Sabina y Alejandro Sanz
Gtres

Pese a las informaciones, la SGAE ha emitido un comunicado en el que niega haber denunciado a los músicos, especifica que la denuncia "afecta a personas jurídicas que son socias de la entidad", y que lo ha hecho "en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad". Es decir, la denuncia no menciona explícitamente a los músicos, tres de los que más derechos de autor ingresan históricamente, pero sí las sociedades que cobran sus liquidaciones. Así lo confirma 'El Mundo', que ha podido tener acceso directo a la denuncia, en la que al parecer se expresa que los Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés habrían utilizado sociedades pantalla para, en connivencia con varias multinacionales discográficas, eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor. El diario habla, nada más y nada menos que de una cifra que podría alcanzar los 70 millones de euros por el posible fraude.

Los músicos se enfrentan, por tanto, a una denuncia por infracción fiscal, que se presentó el pasado miércoles ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tras descubrir que "la operativa seguida" en palabras del diario, "en relación con la gestión, representación y administración de los derechos de autor, pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias que pudieran ser penalmente relevantes, falsedad documental, administración desleal y frustración de la ejecución".

Pau Donés, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz
Gtres

SGAE denuncia que estos artistas habrían cobrado derechos de autor a través de sociedades"sin personalidad jurídica propia", controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, con Warner a la cabeza. Es decir, los autores se habrían ahorrado los impuestos que estaban obligados a afrontar como personas físicas, y se habrían beneficiado al hacerlo como personas jurídicas. Para rematar, SGAE asegura que se habría producido administración desleal. Unos hechos que, al parecer, eran conocidos en el seno de la SGAE al menos desde septiembre de 2017.

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