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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 3 de febrero la intención del Ejecutivo de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que el Gobierno prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros y que posteriormente deberá seguir su tramitación normativa. Desde su anuncio, la noticia ha generado un gran debate entre los que valoran positivamente la iniciativa y quienes la consideran un fracaso educativo. "Es un paso necesario, pero insuficiente", coinciden psicólogos y educadores del Departamento de Orientación Psicopedagógica (DOP) del Colegio Real Monasterio Santa Isabel de Barcelona.
Los expertos consideran que las redes sociales no están diseñadas para menores y pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional al incrementar la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a problemas como la ansiedad, la baja autoestima, la dificultad para concentrarse o el uso compulsivo de la tecnología. "El cerebro se encuentra en una etapa de maduración incompleta, especialmente en lo que respecta a la autorregulación, el control de impulsos y la gestión emocional", apunta Ángel Ubach, psicólogo del Departamento de Orientación Psicopedagógica.
"Dormir con el móvil en la habitación o consultar redes hasta altas horas de la noche o madrugada tiene consecuencias: supone un impacto directo en la atención y, por lo tanto, en la memoria del joven y en su rendimiento académico, pero también en las emociones y la conducta, porque cuando uno no descansa, está más irritable, inquieto o, por el contrario, apagado y desmotivado", señala Ubach.
No se trata de prohibir el uso de las redes sociales, sino de orientar y proteger
Belén Sánchez, Coordinadora del Departamento de Orientación y Orientadora en la etapa de Infantil, destaca que la viralidad de los contenidos que se comparten en redes sociales "amplifica el daño". Para la experta, "cuando una situación se descontrola, el sufrimiento no se limita a un momento concreto, sino que se perpetúa en el tiempo y traspasa los límites del espacio escolar".
Y aunque todos valoran positivamente la medida, los expertos coinciden en que "la regulación es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañada de educación y supervisión adulta. "La ley puede poner un límite, pero no educa. El verdadero factor protector sigue siendo la presencia de adultos que acompañen, expliquen y establezcan normas. Sin una implicación activa de las familias y la escuela, el riesgo no desaparece, solo cambia de forma", afirman los expertos. De ahí que los menores que tienen "normas claras, diálogo abierto y supervisión progresiva" desarrollen una relación más saludable con la tecnología.
Los especialistas subrayan que la ley por sí sola no educa pero sí es una medida que respalda a las familias. "En muchas ocasiones, los padres saben que sus hijos no están preparados para determinadas dinámicas digitales, pero se sienten desbordados porque el entorno avanza rápidamente en otra dirección. Contar con una normativa que marque una edad mínima facilita que los límites familiares sean más comprensibles, compartidos y sostenibles", analiza Belén Sánchez. Y, como educadora, insiste en que "no se trata de demonizar las redes ni de prohibir sin más, sino de reconocer que los menores necesitan protección, orientación y tiempo para madurar antes de acceder a espacios diseñados para adultos".
