El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha ordenado la detención de Elisa Mouliaá después de que no compareciera este lunes 15 de junio a declarar como investigada en la causa abierta por la querella de Íñigo Errejón contra ella por presuntas injurias y calumnias. La decisión llega después de varias citaciones fallidas y supone un nuevo capítulo en un caso que comenzó como una denuncia por presunta agresión sexual contra el exdirigente de Sumar y que, desde entonces, se ha convertido en una compleja batalla judicial con procedimientos cruzados.
La orden dictada por el magistrado tiene el objetivo de que Mouliaá sea puesta a disposición judicial para declarar como investigada. Según la resolución conocida este martes 16 de junio, el juez considera que la actriz no acudió a la citación "sin alegar justa causa" que se lo impidiera y recuerda que ya había sido advertida de las consecuencias si volvía a faltar a la cita. En su auto, Zamarriego sostiene que la sucesión de incomparecencias evidencia una "clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia".
La explicación de Elisa Mouliaá: trabajo fuera de España y petición de declarar por videoconferencia
La defensa de Elisa Mouliaá, sin embargo, ha dado una explicación distinta. Su abogada, Yurena Carrillo, alegó ante el juzgado que la intérprete se encontraba fuera de España por motivos laborales y que estaba dispuesta a declarar por videoconferencia. La propia Mouliaá había explicado en redes sociales que no acudiría presencialmente porque tenía un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales del verano, que la mantenía desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo, con comunicaciones limitadas o incluso inexistentes. Según su versión, no se estaba escondiendo y había intentado conectarse de forma telemática para cumplir con la citación.
El juez, por ahora, no ha aceptado esa fórmula como alternativa suficiente. La actriz ya había faltado anteriormente a otras dos citaciones en esta misma causa, entonces alegando motivos médicos y una baja por ansiedad. En una de esas ocasiones, el juzgado llegó a pedir la intervención de un médico forense para comprobar si su situación le impedía declarar presencialmente. La acumulación de ausencias es lo que ha llevado ahora al instructor a ordenar su detención y presentación ante el juzgado.
La causa por la que Elisa Mouliaá debía declarar tiene su origen en una querella presentada por Íñigo Errejón. El exdiputado sostiene que la actriz le atribuyó públicamente haber manipulado o extorsionado a dos testigos dentro del procedimiento en el que él está investigado por una presunta agresión sexual denunciada por ella. Esos testigos, una pareja que vivía en el piso donde se celebró la fiesta en la que supuestamente ocurrieron los hechos de 2021, declararon por videoconferencia desde Australia y afirmaron que no vieron "nada raro" aquella noche.
El mensaje que desencadenó la querella fue publicado por Mouliaá en X en junio de 2025. En él, la actriz sostenía que Errejón se había negado a entregar su teléfono móvil porque habría "extorsionado" a dos testigos. La defensa del exdirigente político considera que esas expresiones son calumniosas y que le atribuyen falsamente un delito. La defensa de Mouliaá, por su parte, ha mantenido que sus manifestaciones se produjeron en un contexto de defensa reputacional, después de una exposición pública y mediática muy intensa.
El origen del caso: la denuncia de Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual
Para entender la dimensión del caso, hay que retroceder a octubre de 2024. Íñigo Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y dejó su escaño como portavoz de Sumar en el Congreso tras la difusión de acusaciones anónimas de comportamientos machistas. Poco después, Elisa Mouliaá presentó denuncia ante la Policía por una presunta agresión sexual que, según su relato, habría ocurrido en 2021 durante una fiesta en casa de unos amigos. La actriz afirmó que Errejón la besó y la tocó sin su consentimiento en distintos momentos de aquella noche.
El procedimiento avanzó durante 2025 hasta que el juez Adolfo Carretero acordó procesar a Errejón por un presunto delito contra la libertad sexual, al considerar que existían indicios suficientes para continuar la causa. Mouliaá llegó a solicitar tres años de prisión para el exdiputado, además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales y físicos. La Fiscalía, sin embargo, pidió el archivo al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, una posición que abrió otro frente dentro del procedimiento.
En febrero de 2026, Mouliaá anunció que retiraba su acusación particular por motivos personales y de salud, aunque insistió en que no se retractaba de los hechos denunciados. Días después cambió de postura y comunicó al juzgado que continuaría adelante. Desde entonces, el caso ha seguido pendiente de distintas resoluciones y recursos, mientras en paralelo se ha mantenido viva la querella de Errejón contra la actriz por presuntas calumnias.
