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Juan Carlos I se enfrenta a una querella criminal dos años y medio después de que la Fiscalía decidiese archivar la investigación contra el rey emérito por sus supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Cinco exmagistrados del Tribunal Supremo, exfiscales anticorrupción y varios intelectuales respaldan esta querella presentada el domingo 24 de noviembre ante la sala segunda del Supremo, competente para investigar a las personas aforadas como el rey emérito.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, los denunciantes sostienen que cinco delitos fiscales cometidos por el padre de Felipe VI entre 2014 y 2018 no habrían prescrito. Consideran que la Fiscalía informó al rey emérito de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias. Tras tener conocimiento de esta investigación -un aviso que le podría haber llegado por parte del fiscal, del juez o de la Agencia Tributaria-, la representación legal de don Juan Carlos habría procedido a la regularización de las deudas tributaria. Pero este aviso previo invalida las regularizaciones voluntarias de los contribuyentes, de manera que el procedimiento judicial para solventar si existió delito fiscal, sigue su curso.
"El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de una Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", reza el texto presentado en el Supremo.
Los supuestos delitos cometidos por Juan Carlos I no han prescrito
El propósito que buscan los denunciantes al presentar esta querella criminal es el de "potenciar el valor superior de la Justicia y la igualdad ante la ley".
Fue en marzo de 2022, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo, pese a reconocer posibles delitos como cohecho y blanqueo de capitales, archivó tres investigaciones contra Juan Carlos I: las posibles comisiones del AVE a La Meca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause y la fortuna oculta en la isla de Jersey.
El Ministerio Público concluyó entonces que no cabía perseguir penalmente al padre de Felipe VI por su condición de inviolable mientras fue jefe del Estado, por la prescripción de los hechos delictivos, por falta de indicios de delito en otros casos y por las regularizaciones fiscales que efectuó Juan Carlos I por valor total de 5.074.295 euros, el 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero de 2021. Precisamente estas últimas regulaciones son a la que se refieren los denunciantes, que piden la citación de Juan Carlos de Borbón o en la persona de su representante legal, el abogado Javier Sánchez-Junco, "para que el querellado preste declaración sobre los hechos contenidos en esta querella en la forma que la Sala estime pertinente".
